Ley 39/2015: acto administrativo, fases del procedimiento, plazos y notificaciones

La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), es el tema de los plazos: casi todas sus preguntas de examen se resuelven sabiendo un número (diez días, un mes, tres meses) y a qué trámite corresponde. Entró en vigor el 2 de octubre de 2016 y los artículos de este resumen siguen, en su gran mayoría, con la redacción original.

Mapa del tema

Obligación de resolver y plazo máximo (arts. 21-23)

• La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, se inicien como se inicien (art. 21.1). Quedan fuera la terminación por pacto o convenio y los derechos sometidos solo a declaración responsable o comunicación.
• El plazo máximo lo fija la norma de cada procedimiento y no puede superar seis meses, salvo que una norma con rango de ley o el Derecho de la UE prevean más (art. 21.2). Si la norma no fija plazo, es de tres meses (art. 21.3).
• Se cuenta desde el acuerdo de iniciación (de oficio) o desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico del órgano competente (a solicitud del interesado) (art. 21.3).
• La Administración comunica al interesado el plazo máximo y los efectos del silencio en los diez días siguientes a recibir la solicitud (art. 21.4).
• El plazo puede suspenderse (art. 22): por ejemplo, al requerir la subsanación de deficiencias o al pedir informes preceptivos, en este último caso con un máximo de tres meses. Y puede ampliarse de forma excepcional y motivada, sin superar el plazo inicial y sin recurso contra el acuerdo (art. 23).

Silencio administrativo (arts. 24-25)

La estimación por silencio es un acto administrativo a todos los efectos, y la resolución expresa posterior solo puede confirmarla. La desestimación solo sirve para poder recurrir, y la resolución tardía no queda vinculada por ella (art. 24.2 y 24.3). El certificado de silencio se expide de oficio en quince días desde que vence el plazo para resolver (art. 24.4).

Cómputo de plazos (arts. 29-32)

• Si el último día es inhábil, el plazo se prorroga al primer día hábil siguiente (art. 30.5). Un día hábil en el municipio o comunidad del interesado e inhábil en la sede del órgano, o al revés, es inhábil en todo caso (art. 30.6).
• El registro electrónico admite documentos las 24 horas de todos los días del año, pero lo presentado en día inhábil se entiende presentado en la primera hora del primer día hábil siguiente (art. 31.2.b).
• Ampliación (art. 32): hasta la mitad del plazo, de oficio o a petición, antes de que venza y sin recurso contra el acuerdo. Nunca se amplía un plazo ya vencido.
• Tramitación de urgencia (art. 33): reduce a la mitad los plazos del procedimiento ordinario, salvo los de presentación de solicitudes y recursos, y no cabe recurso contra el acuerdo que la declara.

El acto administrativo (arts. 34-39)

• Lo dicta el órgano competente conforme al procedimiento y con un contenido determinado y adecuado a sus fines (art. 34).
• Deben ir motivados, con referencia sucinta a hechos y fundamentos de derecho (art. 35.1), entre otros: los que limiten derechos o intereses legítimos, los que resuelvan recursos o revisiones de oficio, los que se aparten del criterio anterior o del dictamen de órganos consultivos, los que acuerden la suspensión de actos o medidas provisionales, los que rechacen pruebas, los sancionadores y de responsabilidad patrimonial y los dictados en ejercicio de potestades discrecionales.
• Forma: por escrito y por medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra (art. 36.1).
• Inderogabilidad singular: una resolución particular no puede vulnerar una disposición general, aunque la dicte un órgano de igual o superior jerarquía (art. 37).
• Eficacia: se presumen válidos y producen efectos desde que se dictan, salvo que dispongan otra cosa; la eficacia se demora si así lo exige su contenido o queda supeditada a notificación, publicación o aprobación superior. La retroactividad es excepcional: actos que sustituyen a otros anulados y actos favorables al interesado, sin lesionar derechos de terceros (art. 39).

Notificación y publicación (arts. 40-46)

• El órgano debe cursar la notificación en diez días desde que se dicta el acto, con el texto íntegro, si pone fin o no a la vía administrativa, los recursos, el órgano y el plazo (art. 40.2). Una notificación con el texto íntegro pero sin el resto surte efecto cuando el interesado actúa demostrando que la conoce o recurre (art. 40.3).
• Para cumplir el plazo máximo del procedimiento basta con la notificación que contenga el texto íntegro y el intento de notificación debidamente acreditado (art. 40.4).
• Se practican preferentemente por medios electrónicos y siempre que el interesado esté obligado a recibirlas así (art. 41.1). Nunca se notifican electrónicamente los actos con elementos no convertibles a formato electrónico ni los que contengan medios de pago, como cheques (art. 41.2).
• En papel, en el domicilio (art. 42.2): si el interesado no está, puede recogerla cualquier persona mayor de catorce años que se identifique. Si nadie se hace cargo, se repite una sola vez en los tres días siguientes, en una franja distinta (antes o después de las quince horas) y con al menos tres horas de diferencia.
• Electrónica (art. 43): se entiende practicada al acceder al contenido y rechazada a los diez días naturales sin acceso, si era obligatoria o la eligió el interesado.
• Notificación infructuosa (art. 44): interesado desconocido, lugar ignorado o intento fallido, anuncio en el BOE.
• Publicación en lugar de notificación (art. 45): actos dirigidos a una pluralidad indeterminada de personas y actos de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. En estos últimos, la convocatoria fija el medio y no valen las publicaciones en otro lugar.

Nulidad y anulabilidad (arts. 47-52)

Las disposiciones generales son nulas si vulneran la Constitución, las leyes u otras normas de rango superior, regulan materias reservadas a la ley o establecen la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos (art. 47.2). Para limitar los efectos del vicio, la ley prevé la independencia de los actos sucesivos (art. 49), la conversión (art. 50) y la conservación de actos y trámites (art. 51).

Fases del procedimiento (arts. 54-96)

Recursos administrativos (arts. 112-126)

Caben contra las resoluciones y contra los actos de trámite «cualificados»: los que deciden el fondo, impiden continuar, producen indefensión o perjuicio irreparable (art. 112.1). Contra las disposiciones generales no cabe recurso en vía administrativa (art. 112.3), y la interposición del recurso no suspende la ejecución del acto, salvo que se acuerde (art. 117).

Ponen fin a la vía administrativa, entre otros, las resoluciones de alzada, las de órganos sin superior jerárquico y las de responsabilidad patrimonial (art. 114.1). Si se interpone reposición, no se puede acudir al contencioso hasta que se resuelva o se desestime por silencio (art. 123.2). Y contra la resolución de una alzada solo cabe el extraordinario de revisión (art. 122.3).

Reformas que afectan a estos artículos

La mayoría conserva la redacción de 2015. Dentro del rango del tema, el texto consolidado solo recoge dos cambios:

• Art. 32.5 (2022): el Real Decreto-ley 6/2022 permite una ampliación general de plazos cuando un ciberincidente afecte gravemente a los sistemas de tramitación.
• Art. 77.3 bis (2022): la Ley 15/2022, de igualdad de trato, invierte la carga de la prueba cuando el interesado alega discriminación y aporta indicios fundados.